El caso del ilustre médico que padecía de cáncer y que falleció, según sus familiares, por negligencia de la EPS a la que estaba afiliado, ha vuelto a poner sobre el tapete la calidad en la prestación de los servicios que brindan esas cuestionadas entidades que conforman nuestro sistema de salud y que, para bien o para mal, sobrevivieron en la reciente Reforma Estatutaria.
No obstante las modificaciones al sistema para convertir la salud en un derecho fundamental de los colombianos, y a los anuncios de proximidad de la reforma ordinaria que se sigue cocinando a fuego lento en el Congreso, las quejas y críticas no dejan de llover, no solo por los procedimientos autorizados tardíamente, como supuestamente ocurrió en este caso, sino también por la calamitosa situación financiera de los hospitales (un estudio de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas arrojó que, en su mayoría las EPS del régimen contributivo les adeudan $ 4,9 billones, y el alto grado de corrupción e ineficiencia en el manejo de los recursos (robo de suministros médicos, desvíos y malversación en procesos licitatorios de mantenimiento y construcción de centros hospitalarios, el robustecimiento financiero de ciertas EPS a costa de la comercialización de la salud, la adquisición de suministros y drogas a precios inflados, etc.).
Respecto a la calidad y oportunidad del servicio aún se siguen presentando decenas de historias de pacientes graves que esperan largas horas en salas de urgencias, paseos de la muerte, equivocaciones en diagnósticos, descuidos en tratamientos que complican la salud de los usuarios, inoportunidad en las citas, viacrucis para acceder a una hospitalización, trasladar un paciente o autorizar un procedimiento o tratamiento, traslados en ambulancia a hospitales o clínicas lejanas al sitio del accidente, altos costos y los recobros de los medicamentos, la contaminación de pacientes con agresivas bacterias hospitalarias, etc.
Todas estas penurias son las que originan la sensación que en Colombia solo se sanan los que tienen plata y, a su vez, el incremento de las tutelas para exigir intervenciones, medicamentos y tratamientos.
También se ha hecho costumbre que cada vez que es internada una persona en una clínica u hospital, los familiares tengan que presionar y entrar en conflicto con médicos, enfermeras y personal administrativo, porque si no lo hacen se corre el riesgo del descuido, la indiferencia y la negligencia, y a que los diagnósticos y las decisiones terapéuticas equivocadas pongan en peligro la vida del paciente.
Es urgente la recuperación de la sensibilidad humana de parte de quienes atienden los servicios de salud, ya sea en los procesos administrativos o en el contacto terapéutico con los pacientes y sus familiares. Ellos, siguiendo los principios de la bioética, tienen el compromiso moral y social de cuidar con calidad humana, científica, técnica y ética a las personas enfermas, familia y comunidad para mantener la salud, promover la calidad de vida, prevenir las enfermedades y ayudar a las personas a sobrellevar las limitaciones con dignidad.
No hay derecho a que quienes tienen la potestad de facilitar la sanidad y el buen estado físico-anímico de los colombianos terminen arriesgando la vida y agravando la salud de quienes recurren a ellos. Es pertinente encontrar el antídoto o la receta milagrosa que cure esa agonía e incertidumbre que se siente cada vez que los pacientes corran el riesgo de que la cura sea peor que la enfermedad y termine uno agravándose o muriendo por las complicaciones producidas por el tratamiento médico y no por el malestar que inicialmente padecía.
Fuente: Periodico El Heraldo
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