Escuchar que los colombianos tienen que seguir recurriendo a la acción de tutela para acceder a servicios de salud ya no es noticia para nadie.
El año pasado, de acuerdo con el más reciente informe de la Defensoría del Pueblo sobre la materia, se interpusieron 115.147 demandas de este tipo, la segunda cifra más alta después de la del 2008, desde que este mecanismo judicial fue creado.
Independientemente de las razones que se esgriman en coyunturas como esta, a nadie le gusta oír que el 66,96 por ciento de tales acciones buscaron amparar elementos contenidos en el POS, que la gente debió recibir sin obstáculos de ninguna índole. Tampoco es grato saber que el 75,63 por ciento de dichas negaciones afectaron a la población más pobre.
El problema está no solo en que tal cifra se ha vuelto paisaje, sino en que las acciones emprendidas a lo largo de los años para combatir sus causas parecen no estar dando resultados, por lo me-nos en términos absolutos.
Entre ellas se destacan las medidas tomadas a partir de la sentencia T-760 del 2008, que incluye la equiparación y ampliación de los planes de beneficios de los regímenes subsidiado y contributivo, las normas antitrámites, la eliminación de copagos y cuotas moderadoras en algunos casos, y el constante aumento de recursos para el sector.
Por supuesto que la cantidad genera controversia entre quienes consideran que el número de tutelas es realmente pequeño comparado con los millones de servicios que se prestan alas personas.
Tienen razón, además, quienes denuncian que miles de avivatos recurren a este mecanismo para desangrar al sistema induciendo la demanda de servicios suntuosos, medicamentos de marca, tratamientos no probados y elementos de toda clase, que realmente desbordan el beneficio de salud.
Comprobar que el 40 por ciento de los pagos que se hacen vía tutela con dineros públicos solo beneficia al 20 por ciento de la población más rica, mientras que un porcentaje inferior al 1 por ciento de lo que se desembolsa beneficia solo al 20 por ciento de los más pobres, también es preocupante. No en vano el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, manifiesta que, en esa condición, la tutela tiende a convertirse en una herramienta regresiva.
Más allá de todo eso y de que el debate sea válido, no puede perderse de vista, ni por un segundo, que el hecho de que la gente tenga que recurrir a tutelas para demandar servicios de salud es un pésimo síntoma. ¿Quién puede negar, a estas alturas, que toda traba, falta de claridad y trámite innecesario evidencian fallas e ineficiencias del sistema de salud?
El problema no es ya con-tar quejas, reclamos y demandas, sino la inexplicable demora en poner en marcha los ajustes estructurales que permitan a la gente acceder a los servicios que necesite cuando los necesite, que impidan que los inescrupulosos sigan manteniendo prósperos negocios a costillas del sector y que este tenga la claridad, el orden y la rectoría que lo blinden de todos estos vicios.
Llegar a ello exige hacer cambios de fondo, por la vía que sea, pero ya. Tan inexcusable es una tutela para pedir una simple cita médica a la que se tiene derecho, co-mo una acción de este tipo para sonsacar el pago de servicios públicos. El país no aguanta más ni eso, ni la eterna crisis de su sistema de salud.
Que la gente todavía tenga que recurrir a tutelas para demandar servicios de salud es una pésima señal y un recordatorio de que se necesitan cambios de fondo con urgencia.
Editorial Periódico EL TIEMPO Agosto 28 de 2014
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