La guerra contra los genéricos es un crimen silencioso

Más de 2.000 millones de personas no tienen acceso a medicamentos; millones mueren cada año. Proponen que el bloqueo a los genéricos sea declarado un delito contra la humanidad.

Jorge Correa C. Redacción de Economía y Negocios

El libro, editado por
el sello Aguilar

El Gobierno colombiano está a punto de expedir la regulación para los medicamentos biológicos y biotecnológicos –incluidos los genéricos de estos, los biosimilares–, que, afirman las autoridades del sector, sin menoscabar su seguridad, eficacia y calidad, favorece su presencia en el país.

Han sido múltiples las presiones para que el Ministerio de Salud, líder de la iniciativa regulatoria, elimine la llamada tercera vía, una ruta abreviada que derrumba los obstáculos que esta cartera considera innecesarios para que haya competencia en ese mercado, se reduzcan los precios de estos productos y no colapsen las finanzas del sistema de salud.

Las mismas autoridades han hecho públicos esos intentos de terceros para bloquear el camino de los biosimilares. El mundo está literalmente pendiente de la decisión que tome el país, pues puede marcar la ruta que seguirían otras naciones –desarrolladas y en desarrolloen este tema.

Una medicina para tratar una enfermedad 

‘rara’ cuesta $ 800 millones por paciente al año.

La falta de medicamentos afecta a más de 2.000 millones de personas, aproximadamente la tercera parte de la población mundial. La mitad no tiene acceso a ellos cuando los requiere, y la otra mitad ¡ni siquiera sabe que existen!, observa Germán Holguín, director de Misión Salud, organización que cuenta con el respaldo pleno de la Iglesia Católica.

Germán Holguín
Director de Misión Salud

En La guerra contra los medicamentos genéricos: un crimen silencioso, libro que acaba de salir al mercado, Holguín plantea que esa guerra se califique como “crimen de lesa humanidad”.

¿En qué consiste esa guerra?

En el conjunto de normas de propiedad intelectual y de prácticas de la industria farmacéutica internacional y sus gobiernos, que tienden a bloquear el acceso a medicamentos genéricos. Estos, por su precio y su calidad, son los únicos a los que tienen acceso la mayoría de la población y los sistemas de salud del mundo en desarrollo, en el cual vive el 80 por ciento de la humanidad.

¿Qué opina de la propuesta del Ministro de Salud para regular los medicamentos biotecnológicos?

Tengo la mejor opinión sobre ese proyecto, pues propende a que haya medicamentos genéricos biotecnológicos. Cuando se facilite su producción e ingreso al mercado nacional, caerán los precios, hoy escandalosos, que oscilan entre 100 y 500 millones de pesos por paciente al año. El Soliris (para tratar una ‘enfermedad rara’ de los glóbulos rojos), por ejemplo, cuesta 800 millones de pesos anualmente por paciente.

Afidro (gremio de los laboratorios multinacionales) rechaza la propuesta del Gobierno porque, afirma, reduce las exigencias sanitarias y generará un gran riesgo para los pacientes. Por lo tanto, reclama todo tipo de pruebas para permitir la comercialización de un biosimilar. Hoy hay muchos avances de la ciencia para caracterizar los medicamentos biotecnológicos con el objeto de que puedan reproducirse con los mismos niveles de eficacia y seguridad que los innovadores. Por lo mismo, no es cierto que por el hecho de que se les abran las puertas a los biogenéricos se vaya a sacrificar ni la seguridad, ni la efectividad de los medicamentos ni la seguridad y la salud de los pacientes.

“Tengo la mejor opinión del proyecto, porque 

propende a que haya genéricos de biotecnológicos.”

¿Y entonces a qué obedece la afirmación de ese gremio?

Afidro sabe muy bien que eso no es cierto y lo que defiende es el monopolio de sus laboratorios afiliados, porque se trata de un negocio grande, billonario, y no quieren competencia. Desde el punto de vista nuestro, como sociedad civil, se requieren mecanismos que faciliten el acceso del pueblo colombiano a ese avance científico (los biotecnológicos y sus biogenéricos). Afidro sabe que el proyecto del Gobierno llevará al fortalecimiento de la competencia y eso les quita mercado a sus asociados.

¿En cuáles enfermedades se presentan los problemas que usted menciona?

En todas las enfermedades conocidas. En unas, porque no existen las tecnologías médicas para prevenirlas, diagnosticarlas y tratarlas, y en otras porque las tecnologías existentes tienen unos precios inalcanzables por los sistemas nacionales de salud y los pacientes de escasos recursos. Esto, según la Organización Mundial de la Salud, cada año causa la muerte de más de 10 millones de personas. Óigase bien: 10 millones de víctimas fatales anuales. Esto es un crimen silencioso.

¿Puede dar un ejemplo de enfermedades?

Sí: en las 17 enfermedades tropicales olvidadas reconocidas por la OMS, entre las que figuran el dengue, la leishmaniasis y el mal de Chagas, el denominador común es la ausencia de vacunas, tratamientos eficaces y pruebas de diagnóstico seguras. Todas ellas sumadas anualmente matan tres millones de personas.

¿Y para el cáncer, diabetes…?

Para esas patologías sí hay tratamientos, pero sus precios son exorbitantes. En cáncer, por ejemplo, de 12 medicamentos aprobados en 2012 por la FDA de Estados Unidos (el Invima de ese país), 11 tienen un costo cercano a los 200 millones de pesos paciente/año.

¿Por qué la guerra contra los genéricos?

Los genéricos cuestan en promedio tres veces menos que los medicamentos pioneros y, en casos puntuales, hasta 50 veces menos, y son de igual calidad. Por esto, es lógico que se les haya abierto las puertas en el mundo entero en perjuicio de las ventas de los pioneros. En respuesta, la gran industria farmacéutica multinacional ha puesto en marcha la guerra contra los genéricos, una estrategia internacional encaminada a bloquear estos productos, utilizando armas legítimas e ilegítimas.

¿Cuáles son esas armas?

Las dos más letales son las patentes farmacéuticas y la protección de los datos de prueba, que les brindan entre 5 y 15 años efectivos de monopolio, durante los cuales los genéricos no pueden entrar al mercado, lo que, por los elevados precios de los pioneros, se traduce en enfermedad y muerte de los pacientes de escasos recursos.

Esos dos mecanismos son legales. ¿Cuáles son las armas ilegales?

Las principales son las campañas de descrédito contra los genéricos a través de los visitadores médicos, avisos publicitarios, artículos y entrevistas disfrazados de aportes científicos. El libro contiene muchos ejemplos.

También, el pago de estímulos económicos y sobornos a médicos para que desprestigien los genéricos y prescriban ciertos medicamentos pioneros, de igual calidad pero mucho más costosos, aún para usos no autorizados por la autoridad sanitaria, poniendo en riesgo la salud o la vida de los pacientes; y las barreras técnicas para bloquear los medicamentos biogenéricos. Precisamente, el anunciado decreto para regular los biotecnológicos tiende a superar esas barreras.

Usted habla de listas negras. ¿De que se trata?

Son ‘listas negras’ elaboradas por la gran industria farmacéutica internacional cuya finalidad es sancionar a los países que no interpretan las normas de propiedad intelectual de la manera que ella (la industria) lo hace, como si todos los países tuvieran el mismo nivel de desarrollo e ingresos y estuvieran obligados a tener la misma normativa e interpretaciones.

¿Cuáles son sus propuestas para acabar con esta guerra?

Destaco dos de las planteadas en el libro: la abolición de las patentes y la protección de datos de los medicamentos esenciales en los países en desarrollo, y procurar que la guerra contra los genéricos sea calificada como crimen de lesa humanidad desde el punto de vista jurídico, juzgable por la Corte Penal Internacional.

¿No es como soñar despierto?

Son medidas radicales, pero sin ellas no será posible poner fin a esta guerra. Los medicamentos son un bien público y no pueden ser objeto de monopolio allí donde este privilegio sea fuente de torrentes de euros, dólares y yenes para unos pocos y de torrentes de sufrimiento y muerte para el resto de la humanidad.

La más temida de esas listas negras, por las represalias implícitas, es la de la Oficina Comercial de Estados Unidos, conocida como ‘Informe Especial 301’, que debe ser rechazado por arbitrario e ilegítimo.

Cada año, 17 males tropicales, como chagas, dengue y leishmaniasis 

matan a tres millones de personas.

Se requieren mecanismos para facilitar el acceso de la gente a los biogenéricos.

Claudia Rubio / EL TIEMPO

Un muy mal síntoma

Escuchar que los colombianos tienen que seguir recurriendo a la acción de tutela para acceder a servicios de salud ya no es noticia para nadie.

El año pasado, de acuerdo con el más reciente informe de la Defensoría del Pueblo sobre la materia, se interpusieron 115.147 demandas de este tipo, la segunda cifra más alta después de la del 2008, desde que este mecanismo judicial fue creado.

Independientemente de las razones que se esgriman en coyunturas como esta, a nadie le gusta oír que el 66,96 por ciento de tales acciones buscaron amparar elementos contenidos en el POS, que la gente debió recibir sin obstáculos de ninguna índole. Tampoco es grato saber que el 75,63 por ciento de dichas negaciones afectaron a la población más pobre.

El problema está no solo en que tal cifra se ha vuelto paisaje, sino en que las acciones emprendidas a lo largo de los años para combatir sus causas parecen no estar dando resultados, por lo me-nos en términos absolutos.

Entre ellas se destacan las medidas tomadas a partir de la sentencia T-760 del 2008, que incluye la equiparación y ampliación de los planes de beneficios de los regímenes subsidiado y contributivo, las normas antitrámites, la eliminación de copagos y cuotas moderadoras en algunos casos, y el constante aumento de recursos para el sector.

Por supuesto que la cantidad genera controversia entre quienes consideran que el número de tutelas es realmente pequeño comparado con los millones de servicios que se prestan alas personas.

Tienen razón, además, quienes denuncian que miles de avivatos recurren a este mecanismo para desangrar al sistema induciendo la demanda de servicios suntuosos, medicamentos de marca, tratamientos no probados y elementos de toda clase, que realmente desbordan el beneficio de salud.

Comprobar que el 40 por ciento de los pagos que se hacen vía tutela con dineros públicos solo beneficia al 20 por ciento de la población más rica, mientras que un porcentaje inferior al 1 por ciento de lo que se desembolsa beneficia solo al 20 por ciento de los más pobres, también es preocupante. No en vano el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, manifiesta que, en esa condición, la tutela tiende a convertirse en una herramienta regresiva.

Más allá de todo eso y de que el debate sea válido, no puede perderse de vista, ni por un segundo, que el hecho de que la gente tenga que recurrir a tutelas para demandar servicios de salud es un pésimo síntoma. ¿Quién puede negar, a estas alturas, que toda traba, falta de claridad y trámite innecesario evidencian fallas e ineficiencias del sistema de salud?

El problema no es ya con-tar quejas, reclamos y demandas, sino la inexplicable demora en poner en marcha los ajustes estructurales que permitan a la gente acceder a los servicios que necesite cuando los necesite, que impidan que los inescrupulosos sigan manteniendo prósperos negocios a costillas del sector y que este tenga la claridad, el orden y la rectoría que lo blinden de todos estos vicios.

Llegar a ello exige hacer cambios de fondo, por la vía que sea, pero ya. Tan inexcusable es una tutela para pedir una simple cita médica a la que se tiene derecho, co-mo una acción de este tipo para sonsacar el pago de servicios públicos. El país no aguanta más ni eso, ni la eterna crisis de su sistema de salud.

Que la gente todavía tenga que recurrir a tutelas para demandar servicios de salud es una pésima señal y un recordatorio de que se necesitan cambios de fondo con urgencia.

Editorial Periódico EL TIEMPO Agosto 28 de 2014

Los aranceles sobre los medicamentos encarecen la salud

Las cargas impositivas que los gobiernos de los países en vías de desarrollo fijan a las medicinas hacen que sean los enfermos quienes paguen este costo o que no puedan acceder a estas. Rod Hunter

Es vicepresidente sénior de Pharmaceutical Research and Manufacturers of America y fue director sénior de Economía Internacional en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca en la presidencia de George W. Bush.

Según un estudio de la OMC del 2012, Argentina, Brasil, India y Rusia imponen aranceles de alrededor del 10 por ciento a los medicamentos importados.

Washington. Con frecuencia, el debate sobre el acceso a medicamentos asequibles en los países emergentes y en desarrollo pasa por alto un tema crítico: los gobiernos de estos países rutinariamente endilgan aranceles y otros impuestos a medicamentos que son de vital importancia.

En India, los ciudadanos pagan
de su propio bolsillo el 70
por ciento de los gastos
de atención médica.

Si bien estas medidas tienden a ser generadoras de ingresos modestos, hacen que los medicamentos afectados se encarezcan, lo que puede ponerlos fuera del alcance de muchas de las personas que más los necesitan.

Al igual que los países desarrollados, algunos –o prácticamente todos– de los emergentes y en desarrollo importan los medicamentos, el costo de los cuales es cubierto principalmente por los propios pacientes, debido a la falta de seguro de salud en dichos países.

Los ciudadanos de la India, por ejemplo, pagan de su propio bolsillo el 70 por ciento de sus gastos de atención médica. Habida cuenta de que los aranceles y otros impuestos aumentan los costos de los medicamentos hasta en dos tercios en algunas zonas, aun los medicamentos genéricos más básicos se tornan inasequibles para los más pobres. Tal como se determina en un informe de investigación, dichos gravámenes son esencialmente un “impuesto que deben pagar los enfermos”, mismo que el gobierno podría eliminar fácilmente.

La historia es similar en muchos mercados emergentes. Según un estudio realizado en el año 2012 por la Organización Mundial del Comercio, Argentina, Brasil, India y Rusia imponen aranceles de alrededor del 10 por ciento a los medicamentos importados, mientras que Argelia y Ruanda, por ejemplo, mantienen una tasa de 15 por ciento. El arancel en Yibuti (país africano) es del 26 por ciento.

Como señaló el informe, es difícil entender por qué los países pequeños mantienen aranceles altos para los productos de salud, una medida que solo sirve para hacer subir los precios internos.

Pero los aranceles son solo una parte del problema. Muchos países también imponen fuertes impuestos a la venta. Brasil tiene una tasa del 28 por ciento sobre los medicamentos de venta con receta, mientras que en la India dichas medicinas están sujetas a un 5 por ciento del impuesto al valor agregado y a un impuesto de educación del 3 por ciento, de manera adicional a los impuestos estatales que se encuentran dentro de un rango del 5 al 16 por ciento.

Los países en desarrollo justifican estos impuestos alegando que financian el gasto social. Sin embargo, en el año 2011, la India recolectó más en impuestos a los medicamentos de lo que el gobierno gastó en medicamentos para el público. La crisis de los servicios de salud de este país podría aliviarse si el gobierno dejara de elevar artificialmente los precios de los medicamentos que las personas necesitan.

Impacto sobre la salud

Es más, a pesar de las presiones fiscales, parece altamente retrógrado, por no decir perverso, imponer la mayor carga financiera a aquellos con estados de salud más deficientes (y quienes, se presume, constituyen el grupo objetivo al que se dirigen dichos programas sociales). También es económicamente contraproducente. Aumentar los precios de medicamentos reduce el uso, lo que lleva a más enfermedades, menor productividad y un menor crecimiento del PIB.

Hay una mejor manera. Varios países, entre ellos Colombia, Etiopía, Malasia, Nicaragua, Pakistán, Tanzania y Uganda, han reducido sustancialmente o han eliminado los aranceles e impuestos a los medicamentos. Los resultados han sido espectaculares. Después de que Kenia eliminó los aranceles e impuestos a los productos contra la malaria, se informó una disminución del 44 por ciento en la mortalidad infantil y en la enfermedad entre los años 2002 y 2009. India y China, en su calidad de principales exportadores farmacéuticos, son países que están claramente interesados en que los aranceles a los medicamentos sean más bajos a nivel mundial. India, país que es aclamado como “la farmacia del mundo en desarrollo”, es uno de los mayo-res exportadores de medicamentos terminados, mientras que China produce entre el 70 y el 80 por ciento de los ingredientes activos de estos fármacos.

La abolición de los aranceles farmacéuticos seguiría el ejemplo establecido por los países desarrollados cuando crearon la Organización Mundial del Comercio (OMC) hace dos décadas. Tal como declaró la Organización Mundial de la Salud (OMS): “Los gobiernos deberían gravar las cosas que enferman a las personas, no las cosas que las sanan”.

La verdad es que los recortes de impuestos no abordan los muchos desafíos que rodean el acceso a la atención médica en los países emergentes y en desarrollo, como la falta de hospitales, clínicas, médicos y de seguros públicos y privados. No obstante, la eliminación de los aranceles es algo que se podría implementar de forma rápida y que beneficiaría inmediatamente a las personas más necesitadas.

Como el hogar de los principales productores de medicamentos –y de muchos de los más afectados por estos impuestos–, India y China deberían liderar un esfuerzo internacional que lleve a la liberalización. La Cumbre de los Brics, que se celebrará del 15 al 17 de julio en Fortaleza (Brasil), podría ser un buen lugar para iniciar dichos esfuerzos.

Estos países, sin duda, han demostrado una capacidad de actuar en forma conjunta. A principios de este año, China se unió a otros 13 miembros de la OMC haciendo un llamamiento para lograr la eliminación de los aranceles a los bienes ambientales. China, India y los otros países Brics deben for-mar una coalición similar para presionar a favor de la eliminación de aranceles farmacéuticos, ampliando así el acceso a la atención médica en todo el mundo en desarrollo. Los enfermos y vulnerables del mundo no deberían tener que sufrir innecesariamente. © Project Syndicate 

Periódico El Tiempo Julio 01 de 2014

Aumentar los precios de medicamentos reduce el uso, lo que lleva a más enfermedades. Además de los aranceles, muchos países también imponen altos impuestos a la venta.

La salud en Santos-II

Conociéndose ya que Juan Manuel Santos continuará siendo por los siguientes 4 años el presidente de los colombianos, resulta pertinente analizar qué se espera para el sector salud en esta segunda etapa de gobierno del recién reelegido mandatario.

Antes del paso formal a Santos-II, buscando conseguir la cobertura universal, se ha anunciado que antes del próximo 7 de agosto, se unificarán vía decreto viejas normas de cobertura de salud para eliminar las trabas que dejan a miles de ciudadanos fuera del sistema, como por ejemplo, las personas que hoy pierden su empleo no pueden acceder a los servicios de salud y que esto aparecerá simultáneamente con el decreto de habilitación financiera de las EPS.

En el tema de la reforma gestada y presentada por el gobierno en marzo de 2013, dado que los resultados no fueron los mejores, son varias las acciones que vendrán: como quiera que hay una ley estatutaria que pretende definir el ámbito del derecho a la salud y que fue avalada por la Corte Constitucional pero condicionada, deben darse los ajustes ordenados por ese tribunal para que se pueda producir la sanción presidencial y convertirla en ley de la República; con respecto el proyecto de ley ordinaria que definía el modelo de operación del sistema y que se hundió sin siquiera superar el trámite en el Congreso por falta de tiempo y falta de sintonía en varios temas entre parlamentarios y el ejecutivo, seguramente se volverá a radicar por el gobierno y con una mayoría oficialista en el Congreso, se esperaría que tuviese un tránsito legislativo sin contratiempos.

Si bien en Santos-I, a pesar que el gobierno destaca que la definición de estrategias para estabilizar el sector salud significó mejoramiento de ingresos para el sistema de 5,8 billones, giro directo de recursos por 12,8 billones y un saneamiento de 2,7 billones, siguen quebrándose hospitales públicos, hay deudas billonarias entre actores del sistema que aún no se sabe cómo se pagarán, afectándose con esas circunstancias la atención integral de los pacientes, por eso hoy hay enfermos que no debieran enfermarse y muertes de personas cuyos fallecimientos serían prevenibles y por lo tanto evitables.

En ese orden de ideas, en Santos-II deberá revisarse la sostenibilidad de las fuentes de financiación de algunos programas de salud, pues para el mismo Ministro de Salud hoy resulta preocupante que un programa como la vacunación se financie con “recursos provenientes de la cuenta ECAT del FOSYGA” que “no es fuente obvia”, y que siga “siendo paradójico que los recursos del sector dependan de si la economía crece más de cuatro por ciento”.

Si se desea contrarrestar eso, Colombia obligadamente y de una vez por todas, deberá transitar a la prevención en salud, tal como lo dijo el presidente de una multinacional farmacéutica de visita en este país hace un par de días, “la sostenibilidad a largo plazo de los sistemas de salud es la colocación de recursos que se enfoquen en las enfermedades prevenibles”, lo que está en plena armonía con lo dicho en el 2013 por Marc Lalonde, exministro de Salud canadiense, a su paso por Colombia quien dijo que “si un país desea efectivamente mejorar la salud de sus habitantes y la realidad financiera de su sistema de salud, debe invertir en promoción de la salud y prevención de la enfermedad”.

En últimas, en la fase Santos-II, los colombianos esperan que el derecho a la salud se traduzca finalmente en una realidad efectiva y deje de ser el discurso que ha venido siendo desde la Constitución de 1991…¡que sea la transición real a la recuperación de la salud como derecho!

ubeltran@hotmail.com 2014-06-17 @ulahybelpez

Tomado de El Heraldo

Con aprobación de Ley Estatutaria de Salud se acabaría el 'Paseo de la muerte'

El presidente de la Corte Constitucional, magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, dijo que con la aprobación por parte de esa Corporación de la Ley Estatutaria de Salud, se elimina en el país el denominado 'Paseo de la muerte'. Además, indicó que la tutela fue protegida y no podrá ser limitada por mecanismo alguno.

La Corte avaló la norma que convierte la salud en un derecho fundamental, al encontrar que se trata de un proyecto de ley “garantista que le apuesta a la progresividad de los derechos y que los temores que existían de menoscabar la acción de tutela han sido disipados”.

Vargas indicó que se eliminan definitivamente las autorizaciones administrativas que se hacían necesarias para los servicios de urgencia, eliminando el 'Paseo de la muerte'.

“Se elimina este tema de las personas que acudían a un hospital a que los atendieran y que empezaba lo que vulgarmente llamamos el 'paseo de la muerte'. Las autorizaciones han quedado proscritas como en el proyecto de Ley como en la sentencia de la Corte. Cuando se trata de urgencias, repito, quedan abolidas las autorizaciones y el paciente tiene que ser atendido”, dijo.

El magistrado Vargas señaló que la Corte hizo 10 condicionamientos y que estos, en parte, se hicieron para salvaguardar el uso de la tutela para proteger el derecho fundamental de la salud.

“El proyecto permite establecer mecanismos de protección y la Corte sobre eso lo declaró exequible, en el entendido que no dará lugar a que se expidan normas que menoscaben la acción de tutela”, precisó.

En ese sentido, temas conexos como tratamientos, enfermeras, insumos clínicos, transporte, entre otros, podrán seguir siendo solicitados a través de tutela.

El magistrado Vargas también apuntó que en el fallo se dejó en claro que el tema de "la sostenibilidad fiscal no puede ser impedimento para garantizar el derecho de acceso a la salud de los colombianos" y que el Gobierno Nacional podrá seguir regulando el tema de qué servicios van en el Plan Obligatorio de Salud.

El presidente de la Corte también indicó que se respaldó y se aseguró el tema de control de precios de los medicamentos, que realizará con posterioridad el Gobierno Nacional, “para que ese control se haga desde los insumos con que se procesa el medicamento hasta cuando este le llega al consumidor”.

“Nos parece que el proyecto de ley estatutaria se garantiza que cada día se vaya accediendo a más medicamentos, tratamientos y procedimientos que queden incluidos en el POS”, apuntó.

Igualmente, la Corte respaldó la creación de un organismo de control que vigile a las EPS. La norma ahora pasará a sanción presidencial.

Tomado: Periódico El País

Reforma a la Salud - La Cinta Negra

Este es un ingenioso video, en donde el sector de la salud en Antioquia, hace una divertida adaptación de la famosa canción de Juanes, La Camisa Negra.

Nuevas burlas al precio de los medicamentos, según Juan Gossaín

22 de Noviembre del 2013

Cadenas de droguerías advirtieron a sus empleados para no dar informes sobre precios.

El periodista ratifica que intención del Gobierno de combatir el problema no ha tenido efecto real.

“Te vas a volver cansón”, me advierte un amigo cuando le cuento que voy a escribir otra crónica sobre el precio de los medicamentos. Le contesto que yo no estoy aquí para entretener a mi distinguida clientela con los acordes de la guitarra, ni para divertir con mi repertorio de chistes al respetable público, sino para decir limpiamente las cosas que afectan a la gente, por aburridas que parezcan, y aunque corra el riesgo de convertirme en una vieja cantaletera a la que nadie le para bolas.

Bueno: lo cierto es que han pasado ya cuatro meses desde el 13 de julio, que fue cuando salió publicado mi último trabajo sobre el costo a que han llegado las medicinas en nuestro país. Recordarán ustedes que aquella crónica desató la ira santa del Ministro de Salud, que me llamó “ignorante” y me calificó poco menos que de embaucador. Me negué a participar en esa feria de insultos por cuanto comprendí que era una forma mañosa de desviarle el curso al verdadero debate: ¿por qué son tan caros los medicamentos en Colombia?

A pesar de su pataleta, solo una semana después de mi crónica, el sábado 20 de julio, día patriótico por excelencia, el Ministro de Salud escribió en este mismo periódico un artículo de su puño y letra en el que anunciaba una reducción sustancial en el costo de las medicinas.

En efecto, a mediados de agosto publicaron por fin la bendita resolución en la página que tiene en Internet la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos, de la que forman parte el propio Ministro y su colega de Comercio.

Los periódicos, como era natural, acogieron con gran despliegue una noticia tan buena. ‘Topes a precios de medicamentos’, proclamaba EL TIEMPO del 23 de agosto. “Algunos serán hasta del 76 por ciento. Comisión anuncia reducciones en 189 fármacos”. Se oía el repicar de bombos y platillos. Daban ganas de sacar pareja. No era para menos.

Entendí que mi obligación como periodista no consistía en enfrascarme con el Ministro en una batalla de agravios ni en una escaramuza de epítetos. Mi deber consiste, simplemente, en salir a buscar la verdad dondequiera que se meta. Lo importante, al fin y al cabo, no es la opinión que un ministro tenga de un periodista; lo importante es que no sigan abusando de los ciudadanos para pelarles el bolsillo sin misericordia.

Entonces resolví esperar un tiempo prudencial a ver si la formidable rebajona funcionaba en serio o era otra burla. A lo largo de estos meses lo que hice fue averiguar si se estaba cumpliendo o no lo ordenado por el Gobierno. Aquí están las conclusiones.

Caballo viejo

Dicha resolución, que es la número 04 de este año, establece el precio máximo que pueden cobrar los mayoristas –laboratorios, hospitales y proveedores– por los remedios más costosos y complejos del mercado, aquellos que se destinan a dolencias especialmente críticas, como cáncer, artritis reumatoide, epilepsia y trastornos mentales.

Como habíamos hecho en el pasado, volví a consultar los puestos de mayoreo, con la ayuda de un grupo de colaboradores, en varias ciudades del país. No fue tarea fácil, porque algunas cadenas de droguerías han instruido a sus empleados para que se abstengan de dar información a quienes averiguan por los precios. “Cuidado”, les advirtieron. “Pueden ser periodistas”.

En esa forma, mientras el gentío retozaba en las playas durante los dos puentes festivos de noviembre, y las reinas pasaban saludando con la mano en alto, nosotros andábamos por ahí, preguntando por los remedios. Es que el periodismo, como el amor del caballo viejo en aquella canción venezolana, no tiene horario ni fecha en el calendario.

Cuando ya tuvimos las respuestas en la mano, la pregunta que había que hacerse, obviamente, era esta: ¿les están haciendo caso a los precios que dicta el Gobierno?

Los malos ejemplos

Me da una pena terrible convertirme en mensajero de malas noticias y pájaro de mal agüero. El caso es que al azar escogí siete de los 189 productos que aparecen en la Resolución 04. Juzguen ustedes mismos.

Reminyl. Para combatir el mal de Alzheimer. Caja de 14 cápsulas de 16 miligramos. La resolución dice que su “precio máximo de venta en el territorio nacional” será de 80.666 pesos. Están cobrando 133.900. El sobrecosto es del 66 por ciento. En Venezuela vale 51.000 pesos.

Avonex. Para pacientes con esclerosis múltiple (endurecimiento de órganos y tejidos). Solución inyectable de 30 microgramos en medio mililitro. Su precio debe ser, según la resolución del Gobierno, de 1’870.983 pesos. La verdad es que cobran 3’800.000. El aumento es de 102 por ciento, más del doble de lo autorizado. En Panamá vale 1’200.000 pesos colombianos. La ley panameña ordena, además, una rebaja del 20 por ciento si el enfermo tiene más de 65 años. Como en México.

Tasigna. Para cánceres especialmente resistentes. Caja de 112 cápsulas de 200 miligramos. El Gobierno ordenó desde agosto que su precio máximo sea de 7’419.723 pesos, pero cobran 9’885.000. Traducción: le subieron el 33 por ciento. En Bolivia cuesta 6’300.000 pesos.

Prograf. Se usa para evitar el rechazo en trasplante de órganos, especialmente riñón e hígado. El Gobierno ordenó que por una caja de 50 cápsulas de medio miligramo se cobre un precio máximo de 118.223 pesos, pero los mayoristas piden 237.800 pesos. Sobrecosto del 101 por ciento. En Aruba vale 78.000 pesos.

Mabthera. Es una suspensión inyectable de 500 miligramos por 50 mililitros. Se emplea en varias enfermedades, como cáncer, leucemia y los casos más graves de artritis. El Gobierno le fijó un precio máximo de 2’881.125 pesos. Los vendedores cobran 5’310.000 pesos. Le subieron el 84 por ciento.

Cuatro veces más caro

**De todos los medicamentos que investigamos, el caso más indignante, por lo abusivo, es el de una tableta llamada Sabril. Se utiliza en casos de epilepsia, especialmente si el enfermo es un niño, lo cual hace más imperdonable el atropello. La caja de 90 unidades de 500 miligramos fue fijada por el Gobierno en 106.354 pesos, pero están cobrando 415.000. Le subieron nada menos que el 290 por ciento. Tres veces más de lo que vale. En Ecuador cuesta el equivalente de 76.000 pesos.

**Linezolid de 600 miligramos. Antibiótico especial para combatir bacterias. Precio máximo en la lista del Gobierno: 1’257.392 pesos. Lo están vendiendo a 2’181.235 pesos. El incremento es del 74 por ciento. En el Perú vale 865.000 pesos.

¿Se fija, señor Ministro, que no son vainas mías? Me veo en la necesidad de repetirle lo que dije en mi crónica de agosto, que tanto lo enfureció a usted: sus disposiciones sobre precios de medicamentos se han convertido en un rey de burlas, que nadie cumple ni nadie hace cumplir.

(Dicho sea entre paréntesis: también seguimos esperando que el Gobierno controle el precio de los remedios más sencillos, los que la gente compra diariamente en las farmacias, y que tampoco se pueden pagar: suben mes por mes. Para poner un solo ejemplo, la caja de Glimepirida de quince pastillas, muy usada por los diabéticos, costaba 25.000 pesos en octubre. En noviembre vale 29.000. Esa tragedia es mucho peor a medida que uno se aleja de Bogotá hacia los pueblos más distantes. Lo cual produce en la realidad una monstruosa proporción inversa: mientras más pobre es la región, más caro es el medicamento).

Epílogo

Aunque ya lo he escrito varias veces en estas páginas, voy a repetirlo por millonésima vez, así me llamen cansón y así me tilden de ignorante, porque las cosas hay que decirlas como son. Ahí voy.

Aquí bloquean una carretera porque hace tres días que no les llega la señal de televisión, pero nadie bloquea una calle para protestar porque los niños se están muriendo en las aceras de los hospitales. A propósito: aquí se acaba de informar que 506 hospitales están al borde de la quiebra, mientras los directivos de ciertas EPS se reúnen a cenar con la plata de la salud en los hoteles de Singapur.

Aquí una pastilla para la tos vale más que un salario mínimo, mientras el Presidente de la República decreta de un solo plumazo millonarios aumentos de sueldo para los miembros del Congreso Nacional, pero los médicos siguen recibiendo los mismos honorarios que las empresas de salud les pagaban hace once años. Aquí los delincuentes se pasean por las oficinas públicas o se pavonean en los restaurantes más lujosos de Bogotá, pero nadie los captura porque los jueces andan disfrutando de cruceros marítimos en sus horas de trabajo.

¿Puede haber algún servicio público más importante que la salud? ¿O que la justicia? Pero aquí no funciona ninguna de las dos cosas. Bonito futuro el que nos espera. Muy bonito.

Señor Ministro de Salud: solo me resta pedirle perdón por volver a ocuparme de estos temas, pero usted sabe que la ignorancia es atrevida. Espero que esta crónica no le produzca a usted un nuevo ardor en el estómago. Con lo caros que están los antiácidos...

JUAN GOSSAÍN

Especial para EL TIEMPO

Foro del Suroccidente sobre Actualización de Contenidos del POS en Odontología

Ponencia Presentada por: Dr. Eduardo Ramos Garbiras, Odontólogo Universidad del Valle, Magister en Salud Pública Universidad del Valle, Especialista en Administración de Empresas del ICESI, Ex Presidente Federación Odontológica Colombiana Seccional Valle y Docente Escuela de Odontología Univalle - área Comunitaria.

26 de mayo del 2011 

Marco de Referencia

En Colombia el derecho a la salud se elevó a rango constitucional con la Constitución Política de 1991. Igualmente, el derecho a la salud fue expresamente consagrado como un derecho fundamental en el artículo 44 de la Constitución de 1991. 

Se nos solicita como profesión un trabajo arduo para dar respuestas a la sentencia T-760 de 2008 de la Corte Constitucional y formular las estrategias que se consideren necesarias para garantizar el goce efectivo del derecho a la salud y la reducción de las inequidades; y a la Ley 1438 de Enero de 2011 que estableció que el Sistema General de Seguridad Social en Salud estará orientado a generar condiciones que protejan la salud de los colombianos, siendo el bienestar del usuario el eje central y núcleo articulador de las políticas de salud.

Señala la Ley que deben concurrir las acciones de salud pública, de promoción de la salud, de prevención de la enfermedad y demás prestaciones que en el marco de una estrategia de Atención Primaria en Salud, sean necesarias para promover la salud de la población. Para lograr ello, se ratifica la necesidad de actualizar y unificar los Planes de Beneficios para todos los residentes, además de garantizar la universalidad, la portabilidad o prestación de los beneficios en cualquier lugar del país y la preservación de la sostenibilidad financiera del Sistema entre otros. 

Hoy nos convoca la Comisión de Regulación en Salud – CRES -, que es la entidad en el Sistema encargada de definir y modificar los Planes Obligatorios de Salud (POS) que las Empresas Promotoras de Salud (EPS) garantizarán a los afiliados, a participar en la revisión y análisis de los contenidos del POS relacionados con la prestación de servicios de Odontología que están contenidos en el Acuerdo 08, con miras a analizar su pertinencia a la luz de lo planteado por la Ley 1438, el conocimiento científico y tecnológico actual del país, el recurso humano en salud y las necesidades de la población. Esta convocatoria de por sí, nos invita a hacer un análisis más profundo.

El contexto normativo actual del Sistema, ordena la actualización integral del POS antes del 01 de diciembre de 2011. A esta revisión se ha invitado a entidades como el Tribunal Nacional de Ética Odontológica (aunque en el Valle no sé hace la invitación), la Federación Odontológica Colombiana, el Colegio Colombiano de Odontólogos, la Asociación Colombiana de Facultades de Odontología, el Observatorio Nacional de Salud Bucal y la Práctica Odontológica y el Ministerio de la Protección Social, y aquí además al representante de la alcaldía para defensa del usuario, al representante de una EPS y al representante de los estudiantes de odontología.

Es importante recordar que en los estudios iniciales para la elaboración del POS, se tuvieron en cuenta indicadores como los AVISAS (Años de Vida Saludables Perdidos), y se pudo percibir en su elaboración que el mejoramiento en la indicadores de salud oral no sería una tarea fácil, ya que requeriría de una gran inversión. El POS y la UPC conceptualmente significan la misma cosa, solo que varía su manifestación, la primera expresada en beneficios y la segunda su traducción en pesos. También recordemos que los estudios iniciales hablaban de una UPC alrededor de 180.000 pesos anuales, y el Gobierno la fijo en 130.000 pesos al inicio de las operaciones de las EPS por considerar que era inflacionaria; y sabiendo que UPC Y POS eran lo mismo, ese recorte no se hizo en el otorgamiento de beneficios. Los años han pasado desde entonces y a pesar de que el POS establecido a través de la Ley 100 tenía un plan de beneficios definido, éste además nunca fue sometido a un análisis actuarial y para muchos expertos también, la evidencia utilizada para diseñar el plan fue precaria y el POS nunca fue actualizado de manera integral tomando en cuenta la evolución del perfil epidemiológico de la población y la aparición de nueva evidencia científica.

Hoy queremos actualizar y unificar los Planes de Beneficios, para que no exista odontología de segunda y tercera clase, pero se nos pide que lo hagamos pensando en la preservación de la sostenibilidad financiera del Sistema. 

La Odontología se enfrenta a un cambio estructural

Considero de suma importancia el proceso y la participación activa de instituciones, organizaciones y profesionales de la práctica odontológica, como la FOC, la ACFO, el Tribunal Nacional de Ética Odontológica, El Colegio de Odontólogos, Facultades de Odontología, la Secretaría de Salud, estudiantes, representantes de empresas y el Observatorio Nacional de Salud Bucal; considero importantes y sanas las diferencias que se han suscitado hasta ahora entre ellas en esta revisión. La pregunta que cabria allí es: ¿Si están todos los que son?, ¿Qué tan representativas son de la profesión odontológica? y ¿están estas entidades pensando en realidad en los intereses de los profesionales o en sus propios intereses?.

Porque no pensar en la creación de grupos permanentes de este tipo y a este nivel – departamental y nacionalmente -, que planteen y replanteen la situación actual de la odontología en Colombia, tan severamente deteriorada a causa de la inactividad y paquidermia de muchas de estas instituciones a través de los años. Se está planteando por ejemplo una modificación a la Ley 35 de 1989 y es un tema que todavía no se conoce ni debate, ¿qué esperamos de la ley de talento humano?, ¿el tema de la recertificación?, ¿la educación continuada que se ha convertido en una industria?, ¿la reforma a la ley 30?, etc. Todavía estamos a tiempo de corregir el curso de nuestra historia.

En Colombia en 1970 existían 5 facultades de odontología, a la fecha existen 33 para una población aproximada de 46 millones de colombianos (en Estados Unidos son 53 programas para 332 millones de ciudadanos y en Canadá 8 programas para 33 millones), las que en promedio en Colombia titulan por año 1.750 nuevos odontólogos (frente a un promedio de 1.040 en Estados Unidos y 160 en Canadá). ¿Cuántos profesionales hay en el país?, ¿donde laboran?, ¿cuál es el número real de profesionales desempleados?, etc., información que se necesita para planificar el talento humano odontológico acorde con las necesidades de la población y de la misma profesión. 

En otro estudio aplicado en Colombia, se encontró que el 65% de las entidades de prestación de servicios odontológicos, contratan el recurso humano por porcentaje y se le paga entre el 32% y el 70% del total de lo que alcance a facturar. 

Según la Oficina de Información Pública, OMS Ginebra - Suiza del 24 de febrero de 2004 en África el porcentaje de odontólogos por habitante era aproximadamente de uno por cada 150.000 personas, frente a uno por cada 2500 en la mayoría de los países industrializados. Se estima que hoy en Colombia hay aproximadamente un odontólogo por cada 900 habitantes.

Actualización del POS

Partiendo de la priorización del derecho a la salud de toda la población y la calidad de la atención, yo sugeriría una revisión actuarial de los beneficios incluidos en el POS, partiendo de la revisión de los estudios iniciales. Considero que esos documentos son un insumo de mucha importancia para desarrollar un buen trabajo, ya que se nos solicita considerar la sostenibilidad financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud, pero está no puede pasar por encima del derecho a la salud de la población, y menos elaborarse a costa del deterioro económico de un grupo profesional.

¿Se está teniendo en cuenta la información sobre la situación actual de los odontólogos y sus colaboradores, y sobre la demanda real de los servicios?. ¿Se tuvo en cuenta para la formulación inicial del POS, los Estudios Nacionales de Morbilidad en Salud Oral?, o ¿solo se revisaron algunas de las coberturas que daba para aquel entonces el desaparecido Instituto de Seguros Sociales -ISS-? Hoy contamos con información más actualizada y valiosos estudios regionales muy enriquecedores que nos van a permitir tomar decisiones acertadas.

Y que decir sobre las competencias del Odontólogo General vs. las competencias del Especialista, como lo muestran las diferentes posiciones socializadas hasta hoy a propósito de esta situación; posturas que ponen de relieve problemáticas concretas que la profesión Odontológica debe discutir y trabajar articuladamente. No podemos trabajar en la formación de odontólogos con un excelente perfil, que incluso es reconocido a nivel de muchos países del mundo, para después estar limitando y coartando la labor que van a desarrollar estos profesionales. 

Tomar una decisión tan atropellada como la de cambiar los niveles de atención de la endodoncia del nivel I al II, acarrearía consecuencias tan graves para los profesionales, que solo favorecerían a ciertos sectores y afectarían enormemente el ejercicio de la profesión. Las universidades tendrían una oportunidad enorme de continuar promoviendo sus programas de especialidades y subespecialidades, los especialistas aumentarían y garantizarían sus volúmenes de trabajo, las EPS se favorecerían económicamente al no tener que cubrir procedimientos que ya no serian del nivel I, los odontólogos generales verían más limitado su campo de acción y disminuidos sus ingresos, y los pacientes o usuarios desmejorarían las coberturas en atención. Allí veo con claridad el reflejo de decisiones como la de volver la odontología una carrera de cuatro años, eliminando del pensum académico algunas aéreas como la endodoncia, para fortalecer sus intereses económicos fomentando sus programas de subespecialidades. La alta complejidad así vista, y pensada como un código o un procedimiento más, no tiene en cuenta la complejidad de la situación del paciente. 

El documento de la ACFO “Hacia un consenso de las competencias de formación del Odontólogo Colombiano, Marzo de 2010”, ha tenido en cuenta referencias internacionales sobre el tema, pero adolece de la participación de los lideres de opinión que de una u otra forma representan a los odontólogos del País. De igual manera es importante complementarlo con otras experiencias.

Otras instituciones lo han trabajado de una u otra manera tras la elaboración de protocolos y guías de manejo, pero una vez más son esfuerzos individuales que se han quedado en las bibliotecas porque no se hace un trabajo participativo interinstitucional.

No conozco estudios recientes, pero podríamos asegurar que el fenómeno de distribución del talento humano odontológico, ya no se concentra en las grandes capitales y que hoy en Colombia, hay profesionales graduados en casi todos los rincones del territorio nacional. Y este no es un logro de políticas de Estado, sino de la falta de trabajo para los profesionales. Hemos llegado al punto de recibir tanta oferta, que se terminan rifando los cupos para prestar el Servicio Social Obligatorio. Se hace necesario priorizar en este tema, para definir la necesidad real para el país de odontólogos y especialistas que las universidades deben capacitar, de lo contrario seguiremos incrementando las cifras de desempleo y sacando al mercado una oferta innecesaria de mano de obra calificada.

Siempre he considerado que la odontología prestada en las EPS se podría mejorar enormemente, aplicando estrategias como el diseño modular de los consultorios, la técnica de trabajo a cuatro manos, el trabajo interdisciplinario, etc, esta sería una forma lógica y diferencial de lograr y propender por la calidad de vida y la salud bucal de los Colombianos y por la dignificación de la profesión. El modelo ya esta inventado y probado, solo se necesita de la voluntad de las instituciones. Pero ello no se hace porque nuestros profesionales adolecen de capacitación en el campo administrativo. Estamos capacitando recursos a sabiendas de que no van a poder encontrar un lugar en el campo laboral, apartándonos de las necesidades reales de salud de la población y privilegiando “la sostenibilidad financiera del sistema.”

Que pudiéramos decir del proceso de recertificación de los profesionales de la salud, declarado inexequible por parte de la Corte Constitucional por vicios de forma, pero que sigue vigente a través de algunas propuestas de ley estatutaria preparadas por senadores de la República. Considero que escenarios multisectoriales convocados como éste, son los adecuados para adelantar y profundizar el tema de las competencias profesionales para los odontólogos generales y especialistas.

Y que podríamos decir de la situación Laboral actual de los profesionales de la Salud Oral vinculados a las EPS. ¿Podríamos calificar mal el recurso humano?, cuando las EPS fomentan indicadores de gestión, donde para la elaboración de los procedimientos se asignan tiempos de 15 o 20 minutos, en donde en muchas de ellas existe el modelo de odontólogo diagnosticador y los procedimientos son realizados por otro profesional que no puede manifestar su criterio. Sumado a ello hay intermediación en los contratos que se asignan, siendo estos entregados a terceros que subcontratan a los odontólogos, encareciendo los costos de la atención. Y que decir de las llamadas “cooperativas de trabajo asociado” que en el sector de la salud, de manera inconstitucional acaban los derechos laborales de los odontólogos y su personal auxiliar, deteriorando las condiciones generales del trabajo de los subordinados, de su bienestar, de sus derechos laborales y de sus prestaciones sociales, violando las garantías que brinda el Estado Social de Derecho, la Honorable Corte Constitucional (Sentencia C-614-2008) y las Convenciones Internacionales de la OIT suscritas y ratificadas por Colombia. 

Además de ello, las EPS han creado oligopolios, utilizando indebida e ilegalmente los recursos públicos de la salud y ejerciendo posición dominante sobre los prestadores, manipulando y derivando para su propio beneficio los recursos parafiscales con destinación específica y debilitando la red prestadora de servicios de salud, para eliminarla, o comprarla a precios irrisorios, o sustituirla por sus propios prestadores, proceso denominado integración vertical. 

Como lo ha manifestado la Federación Medica Colombiana es “inaudito, francamente indignante e inaceptable que mientras muchas de las EPS, sus empresas oligopólicas ligadas y sus ejecutivos y accionistas, los cuales se han enriquecido de manera escandalosa con los recursos públicos de la salud utilizando para ello muchas formas ilícitas e indebidas, los trabajadores de la salud se encuentran en muy precarias condiciones laborales y de bienestar, con pérdidas significativas de su capacidad adquisitiva, exceso de horas de trabajo, ausencia de vacaciones y pérdida de todas sus prestaciones sociales”. 

Sumado todo esto a que las EPS retrasan el pago por servicios prestados a los profesionales, pagos que pactan realizar a 45 y hasta 180 días después de presentadas las cuentas de cobro, cuentas que en muchos casos llenan de glosas para retrasar aún más los pagos. 

La Federación Odontológica Colombiana Seccional Valle expresa su apoyo pleno en todas las acciones de investigación que han iniciado, promovido y coordinado, para que se revelen en su amplitud y profundidad todas las acciones de corrupción, saqueo y desviación de los recursos públicos parafiscales de la salud y de los recursos del Estado destinados al cuidado y la atención de las personas enfermas. Se debe solicitar a los organismos de control y fiscalización así como a los jueces de la República, que se impongan ejemplarizantes y máximas sanciones a los funcionarios del sector público, a los ejecutivos, directivos y subordinados del sector privado, y que se llame también a rendir cuentas a las corresponsables Juntas Directivas, y a todos los que han generado con su acción o con su omisión el saqueo y la exacción de los recursos destinados a atender las necesidades de salud de la población colombiana en todo el territorio nacional. 

Lo ultimo que pudiera ocurrir, es que estuviéramos trabajando para favorecer los intereses de algunas empresas, instituciones o de algunos particulares, que a través de sus cargos se han incrustado en el sistema y han generado verdaderos carteles que socavan cada día y con mayor intensidad la salud del pueblo colombiano. La corrupción en el sistema de salud fue denunciada desde hace más de 10 años, pero sólo ahora, en el gobierno de Santos se toman medidas. ¿A cuánto asciende el monto del desfalco? ¡Algunos estiman que equivale a unas tres reformas tributarias! 

Esperamos que el peso de la ley caiga sobre todos los actores del Sistema que resulten culpables y que prontamente se emprendan el restablecimiento del Ministerio de Salud y la indispensable reforma estructural del modelo de atención de la salud.

La molestia de los médicos especialistas con el ministro de Salud

En su intervención la semana pasada ante el pleno del Senado el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, en su explicación sobre la propuesta de permitir que los hospitales de alto nivel titulen médicos especialistas, incluida en la reforma, manifestó que los grupos de médicos especializados y las universidades tienen una “cartel”.

Pues sólo médicos de familias adinerada s o con influencias en el sector pueden acceder a los pocos cupos de especialización que abren en el país. El término molestó tanto al gremio de las Sociedades Científicas, que enviaron una carta al presidente Juan Manuel Santos, pidiendo la aclaración y rectificación, de que ellos no son un “cartel”.

La misiva reconoce que hay una escasez notable de médicos especialistas y que esa es una de las recurrentes quejas de los usuarios del sistema de salud, pero para la Asociación de Sociedades Científicas la solución “no es entregar cartones de mejores médicos a por doquier”.

Esta es la carta completa:

Excelentísimo señor

Juan Manuel Santos Calderón

Presidente de la República de Colombia

Bogotá, D.C.

Respetado señor Presidente:

Los médicos especialistas de Colombia, señor Presidente, no somos un “cartel”. Eso lo saben de sobra usted y el ministro de Salud, Alejandro Gaviria.

Sin embargo, nos vemos en la obligación de hacer esta claridad –algo a lo que nunca pensamos tener que recurrir- dada la forma en que el propio Ministro se refirió a este gremio, uno de los más capacitados del país, en las últimas semanas, durante las discusiones en torno a la escasez de especialistas.

Quedó claro que para darle validez a un punto que él, tozudamente, se ha empeñado en sacar adelante en este proceso de reforma al sistema de salud, el Ministro tiene que recurrir a esta clase de calificativos, sin justificación alguna, ante la debilidad de sus argumentos.

No hemos negado nunca que hay áreas de la atención en salud desprotegidas por la poca oferta de médicos con formación específica en las mismas, situación que no ha sido ajena para nosotros; de hecho, es motivo de análisis constante de nuestra parte.

Y es precisamente durante esas evaluaciones que hemos detectado que este desequilibrio tiene entre sus principales causas el modelo de salud que rige a este país desde hace veinte años. Como usted lo sabe, señor Presidente, el sistema ha estado erróneamente orientado hacia la atención y el tratamiento de enfermedades, y no al mantenimiento del bienestar de la población, como tendría que ser.

No es para menos: en un esquema de rendimiento financiero, conviene que haya más enfermos para que todos los actores del sistema puedan facturar más a costa de su atención. En ese contexto los médicos acabamos convertidos, infortunadamente, en un insumo mercantil. Y si ese insumo se especializa y subespecializa, mejor, pues aporta mayores dividendos a la gran cadena de actores que se lucra con la salud en el país.

Evidencia de ello es que los médicos generales, que son la puerta de entrada al sistema, perdieron con los años su capacidad resolutiva frente a los pacientes que reciben. Es decir: no dan respuesta al enfermo, simplemente lo remiten a niveles más especializados, donde cuestan más. Lo preocupante es que por la misma senda van las especialidades básicas, que, dependiendo del caso, remiten a subespecialistas.

Cualquiera pensaría que si a todos los usuarios los atienden especialistas y subespecialistas, los desenlaces en salud serían tremendamente favorables, pero las estadísticas oficiales, que evidencian que la colombiana es una población enferma, indican lo contrario.

A eso hay que sumar hechos innegables, como que el peso de los médicos en el mercado es, por cuenta de factores como éste, cada vez menor, y que la crisis de la salud sumergió también en una crisis profunda la formación médica en el país.

Todo esto lo sabe de sobra el Ministro de Salud. Con él hemos sostenido reuniones en las que le hemos hecho entender que si se mantiene semejante lógica absurda, nunca habrá en el país ni especialistas ni subespecialistas suficientes para atender la costosa demanda que este modelo se empeña en generar y sostener. Hecho el análisis, señor Presidente, ¿cree usted que el problema se resuelve formando especialistas a granel? ¿Dónde quedó el prometido cambio de modelo?

Lamentablemente, el proyecto de ley ordinaria con el que se busca reformar la salud no se ocupa de aspectos estructurales y esenciales como éstos, sino que mantiene vivo el sistema que se quedará en el mismo estado agónico de siempre.

Su Gobierno y el país, señor Presidente, están a punto de perder la segunda y última oportunidad de cumplir con la promesa de reformar, de fondo, el sistema de salud. Le anticipamos que el proyecto actual no cumplirá con ese cometido. Eso es claro.

Como en otras oportunidades, le reiteramos nuestro compromiso de aportar y velar por el logro de un cambio real, que beneficie a la gente.

Al propio ministro Gaviria le consta el empeño puesto por este gremio, al que él tacha hoy de “cartel”, en este proceso: la activa y propositiva participación en audiencias públicas, el impulso argumentado de la Ley Estatutaria (que hoy la Corte revisa), nuestro compromiso de autorregularnos para que el sistema transformado tenga mayores posibilidades de éxito, nuestro rechazo a las dádivas y prebendas, y el ejercicio ético de nuestra profesión, son algunos frentes de trabajo, de los que su Gobierno ha sido testigo.

Por su honorable conducto, señor Presidente, queremos exigirle al ministro Gaviria respeto por todos y cada uno de los profesionales que componen este gremio, y pedirle más cuidado y rigor con las propuestas que lanza. Al país no se le olvida que este sistema debe en buena parte su desastre a la falta de regulación estatal, aupada por las ligerezas desafortunadas de un puñado de ministros de Salud.

Como siempre, quedamos a su disposición, señor Presidente.

autor: Johanna Contreras

Médicos piden celeridad con proyecto estatutario de reforma a la salud

Mar, 4 de Jun, 2013 7:44 am (PDT)

Junta Médica hizo la solicitud al Congreso preocupada por el poco tiempo que hay para el trámite.

En carta enviada a los presidentes de Senado y Cámara y a los de sus comisiones primeras, la Junta Médica Nacional hizo un llamado para que el proyecto de ley estatutaria, que reforma integralmente el sistema de salud y tiene mensaje de urgencia del Gobierno, sea tramitado en esta legislatura.

La misiva, firmada por la Academia Nacional de Medicina, Sociedades Científicas, Federación Médica Colombiana, Colegio Médico, Asmedas y Anir, reitera que el proyecto, cuya radicación fue acompañada por el presidente Juan Manuel Santos, es fruto del trabajo llevado a cabo durante dos años por estas agremiaciones.

El proyecto, de 14 puntos, explicita que la salud es un derecho humano fundamental, "bajo la responsabilidad absoluta del Estado, financiada con dineros públicos, sin intermediación y que provea lo necesario para garantizar la salud individual y colectiva de todos los colombianos". Además, sostienen los médicos, se busca que el sistema "sea impermeable a la intención de seguir manejando la salud como un negocio", reza la carta.

Los médicos piden a los congresistas que los postulados contenidos en el proyecto "no sean tergiversados, distorsionados o acomodados a intereses que desborden su esencia" en las ponencias que esperan ser debatidas.

Fernando Sánchez Torres, vocero de la Junta Médica, aseguró que esta carta surgió ante la preocupación que reina por el poco tiempo que hay para tramitar el proyecto, "estamos en una carrera contrarreloj, tratando de sacar adelante un proyecto que reformará estructural e integralmente el sistema de salud. Ni los médicos ni el Gobierno ni el Congreso pueden dejar pasar esta oportunidad, largamente esperada por los colombianos" , dijo.

Sánchez Torres insistió finalmente en la necesidad de que "primero se apruebe una ley estatutaria, que fije las reglas de juego frente al derecho a la salud, y luego sí se piense en una ley ordinaria. Hacerlo al revés constituye un contrasentido para enfrentar el problema más grave que tiene en este momento el país".

REDACCIÓN SALUD EL TIEMPO

Crónica de una muerte anunciada

http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/juanguillermoortiz/cronica-de-una-muerte-anunciada-juan-guillermo-ortiz-mcolumnista-el-tiempo_12825853-4

Por: JUAN GUILLERMO ORTIZ M. |

9:41 p.m. | 26 de Mayo del 2013

Nada más parecido al realismo mágico, donde los absurdos, los atropellos, las carencias en la atención muestran el diagnóstico de un sistema de salud no gestionado con eficiencia.

Cuando en 1993 se promulgó la famosa Ley 100, se logró romper el paradigma de que la mayoría de colombianos debían asistir a los entonces llamados ‘hospitales de caridad’ y que se había encontrado una piedra filosofal para el manejo de la salud donde sus principios auguraban éxito basados en la nueva carta constitucional: eficiencia, universalidad, integralidad, unidad y participación (1). Colombia pasó de un porcentaje de cobertura en aseguramiento inferior al 40 por ciento antes de la Ley 100 a tener en el 2012 alrededor del 92 por ciento (2).

La estructura del sistema hace que la puerta de entrada de cualquier paciente termine siendo la de los servicios de urgencias, lo que hace que se genere una inmanejable congestión de pacientes, y que demuestra cómo la infraestructura de salud en Colombia no creció de la mano como lo hizo el aseguramiento.

Según las estadísticas publicadas por el Banco Mundial, Colombia es de los países con menos camas por 1.000 habitantes en la región, y esto es evidente para quienes hoy como pacientes requieren una cama hospitalaria. Nos encontramos por debajo de Venezuela, Ecuador, Chile, Argentina, y ni hablar si nos comparamos con Europa o América del Norte. Nuestro indicador es de 1,4/1.000 habitantes (3).

La mayoría de proyectos en la infraestructura hospitalaria han sido a expensas de la inversión privada y no del sector público, que, además de no crecer, se ha dedicado a cerrar hospitales “ineficientes”, que lo que ha hecho es agudizar este grave problema.

Hoy, el sector privado se encuentra con la mayor cartera que el Estado le adeuda a través de las EPS del régimen subsidiado y contributivo, que a octubre del 2012 llegaba a los 4,5 billones de pesos (4). Esto hace presagiar que la libertad de empresa está siendo amenazada en Colombia, que nadie más estaría interesado en invertir en salud en el país, pues el apoyo es ausente y todas las medidas en búsqueda de contrarrestar la corrupción después de 20 años de abandono por parte del Estado en la salud están dirigidas a golpear a muchos colombianos como pacientes y como jugadores del sistema.

¿Cómo está la calidad de los hospitales en el país? Hoy únicamente está acreditado en calidad en el sistema único en salud el 0,1 por ciento de todas las IPS registradas en el Ministerio de Salud, las cuales no tienen ningún incentivo por el esfuerzo de ser mejores (5).

Pero quienes han tenido que peregrinar por el sistema hospitalario en los últimos meses se han dado cuenta de que nada más parecido al realismo mágico de nuestro premio Nobel, y donde los absurdos de la lógica humana, los atropellos, las carencias en la atención muestran el diagnóstico de un sistema de salud no gestionado con eficiencia, sin armonía y que, por este distanciamiento en las últimas dos décadas de parte de los gobiernos de turno, hoy estamos viviendo uno de los más grandes escollos para alcanzar la verdadera paz en Colombia. Por esto, lo que estamos viendo es la crónica de una muerte anunciada. La reforma de la salud debe ser poesía de los legisladores, pero realidad eficiente para lograr en el futuro la mejor calidad de vida de los colombianos. Esperemos que los legisladores, y sobre todo el Gobierno, piensen con urgencia en el aquí y el ahora y solucionen el flujo de recursos del sistema y hacia el futuro puedan elaborar una reforma visionaria en favor de tantos colombianos que estamos esperando.

Juan Guillermo Ortiz M.

Director General

Clínica Universidad de la Sabana

jgorthos@gmail.com

1. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1993/ley_0100_1993.html

2.http://www.asivamosensalud.org/inidicadores/aseguramiento/grafica.ver/15

3. http://data.worldbank.org/indicator/SH.MED.BEDS.ZS

4. http://www.achc.org.co/noticias.php?idnoticia=48

5.http://www.acreditacionensalud.org.co/novedades.php?IdSub=108&IdCat=25&titulo=IPS%20ACREDITADAS

La captura del Estado por el negocio de la salud

http://www.elespectador.com/opinion/columna-423578-captura-del-estado-el-negocio-de-salud

Opinión |22 Mayo 2013 - 11:35 pm

Por: Fernando Galindo G.

La Comisión Primera del Senado programó el 14 de mayo una audiencia pública para ilustrar los proyectos de una ley estatutaria que desarrolle el derecho a la salud, consagrado en la Constitución.

Participaron diversos actores del sector caracterizados por posiciones encontradas sobre la Ley 100: los partidarios de mantener la intermediación de las EPS y los que consideran que éstas deben desaparecer del sistema de salud de los colombianos.

Aprovechando la invitación del senador Juan Manuel Galán para intervenir en la audiencia, mencioné el concepto de “captura del regulador”, acuñado por el Nobel de Economía George Stigler en los años 70, aplicable a las entidades estatales, susceptibles de ser influenciadas por el poder de las empresas en las que se delegó la administración de los servicios, que son responsabilidad obligatoria del Estado.

El fenómeno mencionado por Stigler describe que la agencias estatales reguladoras, en lugar de defender el bien común de los ciudadanos, terminaron favoreciendo los intereses de las empresas privadas que deberían vigilar. Lo ocurrido en los pasados 20 años con la Ley 100 es un vergonzoso ejemplo del contubernio del Estado con la privatización descontrolada de la salud, que ha producido proporcionalmente tantas víctimas como el conflicto armado.

Los indicadores comparativos de la morbimortalidad de los colombianos confirman el fracaso de la Ley 100. Las consecuencias de este descalabro fueron anticipadas por quienes advirtieron en 1993 que dicha ley no lo era de salud, sino del sector financiero. La captura del Estado se generó desde la legislación que convirtió el derecho a la salud en un lucrativo negocio. Así lo reconoció el presidente Santos al radicar los proyectos para reformarla, el pasado mes de marzo: “Lo que hoy tenemos nació mal, desde un principio nació mal y es parte del problema fundamental que tenemos en el sistema”.

La avalancha mercantilista desvirtuó la misión del Ministerio de Salud, para forzarlo a funcionar como un inspector complaciente del aseguramiento privado y, por ocho años, en el híbrido de la Protección Social. Se perdió la rectoría de la salud pública y de la atención primaria, ejes fundamentales del posicionamiento nacional en salubridad a nivel continental.

La captura continuó con la Superintendencia Nacional de Salud. Un funcionario avaló la apropiación de $600.000 millones por la EPS Saludcoop, provenientes de los dineros públicos aportados por los colombianos. La corrupción administrativa contagió a otros funcionarios reguladores que negociaron los recobros al Fosyga y los sobrecostos de los medicamentos, como lo demostró la Federación Médica Colombiana. No se escapó de la captura el órgano legislativo, denunciado en dos oportunidades por el periodista Daniel Coronell, con las columnas “Un congresista a sueldo”, basadas en correos detectados por la Contraloría a la intervenida Saludcoop. La plétora de la captura del Estado se alcanzó con la declaratoria de la emergencia social del segundo gobierno de Uribe, ante la amenaza de quiebra de EPS agremiadas por Acemi. Como la iliquidez de la salud no obedecía a fallas coyunturales sino estructurales (el despilfarro de los aportes de los afiliados por estas intermediarias financieras), se cayó tal emergencia.

Los proyectos de ley estatutaria y ordinaria presentados por el Gobierno deben erradicar definitivamente las inequidades mencionadas y ordenar que las EPS, antes de desaparecer, le devuelvan al sistema de salud el patrimonio construido con los recursos aportados por todos los colombianos.

* Fernando Galindo G.